En la actualidad, la responsabilidad del Estado respecto al administrado no ha sido calificada legislativamente (como contractual o extracontractual), la responsabilidad del dependiente (servidor o funcionario público) frente al Estado es de naturaleza contractual, y, por ello, tiene un plazo prescriptorio de 10 años que puede llegar a ser solidaria. Se puede apreciar (a través de los escritos procesales como en las sentencias) que tanto abogados como jueces omiten el análisis de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil o lo realizan de manera defectuosa.