En el presente trabajo el autor pretende demostrar que, producto del actual marco normativo en materia de contrataciones del Estado, un contratista realmente se encuentra desprotegido frente a los daños que pueda experimentar como consecuencia de la denegatoria de prestacionales adicionales de obra. Una vez demostrado ello, el autor plantea algunas recomendaciones, a fin de superar esta problemática.