Durante mucho tiempo el Estado gozó de total inmunidad frente a los daños que su actuación pudiera causar a los particulares, es así que en la realidad aplicada al derecho anglosajón se acuñó la máxima de que the king can do not wrong (el rey no puede cometer ilícitos). Pareciera que aún nosotros no nos libramos de la idea de que por los daños que la actividad administrativa cause a los particulares deban responder sus agentes, ya que la tímida responsabilidad patrimonial de la administración prevista en el art. 258 del TUO LPAG es prácticamente letra muerta.